VARADERO: BUROCRACIA VS CUENTAPROPISTAS.

Publicado: 7 marzo, 2012 en Cuba, cuentapropismo
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varadero080911 Por Roberto Fernández García
Durante las más de cuatro décadas (1968-2010) que se mantuvo vigente en Cuba la errónea política que prohibía la coexistencia de la mediana y pequeña propiedad privada (rebautizada aquí como Trabajo por Cuenta Propia) con la propiedad estatal en vías de socialización, y la cooperativa –como corresponde durante el Período de Transición del Capitalismo al Socialismo– creció, se fortaleció y echó raíces el aparato burocrático, que la rigurosa centralización del partido-estado-gobierno se vio obligada a engendrar para organizar, regular, planificar, dirigir y controlar todas y cada una de las innumerables grandes, medianas, pequeñas y hasta insignificantes actividades económicas de diversos tipos que tenían lugar en todos los rincones del país. Una vez que nació, creció y echó a andar aquel engendro, resultó cada vez más difícil ejercer sobre ese pulpo similar fiscalización a la que, se suponía, este debía realizar sobre el conjunto de la sociedad.
Al mismo tiempo, la total estatalización de la economía y la más absoluta centralización de su organización, dirección,
administración y control condujo –como todos sabemos y hemos sufrido– a que muy pronto el estado resultara incapaz de asumir la producción, distribución y oferta del amplio abanico de pequeñas producciones y servicios que la población necesitaba a diario, lo que unido a la realidad del subdesarrollo económico heredado del neocolonialismo, y del férreo bloqueo imperialista, incrementó aún más la escasez y empeoró las condiciones materiales de existencia de la población cubana, llegando el factor económico a convertirse en un lastre para la aparición de las fuerzas productivas de la sociedad emergente (que según demuestra Carlos Marx en la Introducción a la Crítica de la Economía Política, solo pueden aparecer cuando desaparecen las fuerzas productivas de la vieja sociedad). Dicho factor, a su vez, retardó –y en no pocos casos frustró– la aparición y desarrollo de la nueva forma de conciencia social en las jóvenes generaciones.
Lo anteriormente expuesto contribuyó a que una parte importante de la burocracia partidista-estatal-gubernamental, con acceso directo a los bienes públicos que administraba, gozando de poderes casi omnímodos y suficiente impunidad, se habituara cada vez más a beneficiarse a costas de los recursos estatales que tenía en sus manos. La impune generalización de esta práctica a lo largo de medio siglo convirtió a un amplio sector de dicha burocracia en

una casta elitista y privilegiada con una creciente tendencia al acomodamiento, el reblandecimiento ideológico y la corrupción administrativa. Ejemplos de esta negativa tendencia y sus nefastos resultados para la sociedad cubana los hemos tenido de sobra, desde que el primer caso de corrupción de resonancia nacional se hiciera público en la segunda mitad de la década de los 80’s del pasado siglo; después de lo cual muchos otros han llegado a convertirse en enormes escándalos nacionales; aunque de los acontecidos en los últimos dos años apenas el pueblo conoce malamente los comentarios callejeros (¿?).
Hay que recordar que, unido a todo esto, durante este medio siglo, la burocracia se encargó de prohibir a cal y canto, y perseguir con saña a tenor con la política oficial, el ejercicio por parte de particulares de cualquier actividad productiva o de servicios, pues se suponía que el modelo de socialismo de corte estalinista que se pretendía fabricar artificialmente en Cuba tenía que hacerse en condiciones totalmente asépticas, sin contacto alguno con potenciales gérmenes del capitalismo que lo pudieran contaminar, política que acrecentó las necesidades e insatisfacciones en las condiciones de vida de la ciudadanía, pues resultaba casi imposible realizar hasta un simple mantenimiento a la vivienda, lo que incrementó el deterioro de los inmuebles a escala nacional.
El creciente nivel de acumulación de las necesidades materiales de la gente de abajo, y la incapacidad del estado para
resolverlas, hizo que, pese a las prohibiciones, la persecución, las multas y los decomisos, aparecieran no pocos trabajadores que, desestimulados por los precarios salarios en el sector estatal y apremiados por el alto costo de la vida, se arriesgaran a ofertar todo tipo de producciones y servicios por su cuenta, ilegalmente, y a riesgo de sufrir las consecuencias de la persecución que el gigantesco y variado cuerpo de inspectores estatales llevaba a cabo a lo largo y ancho del país.
La depauperación económica producto de la macabra combinación del bloqueo económico imperialista con los desastres naturales provocados por el cambio climático, y todo ello mezclado con la ya aludida estatalización y centralización de la economía, empeorado por la violación continuada del principio marxista de distribución socialista (de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo); así como la no socialización de los medios fundamentales de producción (por considerar erróneamente que todo cuanto pertenece al estado es propiedad del pueblo) impidieron el nacimiento y desarrollo del necesario sentido de pertenencia en los trabajadores sobre los medios con los cuales laboran y el resultado del proceso productivo. Este fenómeno, a su vez, provocó la rápida y ascendente disminución de la productividad del trabajo, con sus consecuencias en el encarecimiento de la producción, el desabastecimiento del mercando interno, la disminución de exportaciones, el incremento de las importaciones, la devaluación de la moneda y la caída del salario real y el poder adquisitivo de la población; crisis que también afectó a los inspectores estatales encargados de impedir la práctica y proliferación del trabajo por cuenta propia y de muchas otras ilegalidades que sí eran –y continúan siendo– de gran peligrosidad social, aunque no siempre se persigan con igual saña.
Otra combinación circunstancial, también formada por las ya repetidas insatisfechas necesidades materiales del pueblo,
sumadas a la existencia de operarios particulares –necesitados de dinero para cubrir las suyas– dedicados ilegalmente al
trabajo privado –casi siempre utilizando recursos estatales– y la presencia de inspectores –con salarios también insuficientes– obligados a hacer respetar las prohibiciones, muchas veces absurdas, se convirtió en el caldo de cultivo ideal para que la corrupción, esta vez adoptando la forma de un delito de cohecho, viniera en auxilio de pobladores, operarios e inspectores, pues tanto los primeros como los segundos se vieron en la necesidad de sobornar a los terceros para violar las regulaciones prohibitivas y resolver sus problemas personales, que las correspondientes instituciones estatales nunca habían podido solucionar.
De manera que la total estatalización y absoluta centralización de la economía, y su consecuencia directa, la prohibición
de la mediana y pequeña propiedad privada y de cualquier forma de actividad económica por particulares, condujo a la
utilización del soborno –a los inspectores encargados de hacer cumplir las prohibiciones y los funcionarios con la facultad de autorizarlas – como la única vía al alcance del cubano común para darle solución a la inmensa cadena de necesidades, grandes y pequeñas, que impone la vida diariamente. Asimismo, el soborno pasó a ser la manera en que
no pocos inspectores y funcionarios de diferentes entidades estatales generadoras de medidas prohibitivas “resolvían”
sus propias necesidades económicas, llegando al extremo en que dicha vía se convirtiera en una práctica común en todo el país para resolver las necesidades de la gente sencilla, desde la construcción y ampliación de viviendas, hasta la
venta de productos gastronómicos y el ejercicio de cualquier oficio de forma privada.
En tales condiciones, las casi siempre absurdas, ilógicas e injustas medidas prohibitivas impuestas por la burocracia contra las actividades económicas y de servicios ejercida por particulares, alimentaron la corrupción administrativa de ese funcionariado gubernamental de base compuesto por inspectores y otros burócratas encargados de regular, prohibir, controlar, viabilizar o autorizar, según el caso, innumerables trámites legales a la población.
Al comenzar a aplicarse últimamente los cambios destinados a rectificar el rumbo económico del país y, en consecuencia, hacer renacer la pequeña producción mercantil (es decir, el trabajo por cuenta propia), con vistas a intentar reformar y perfeccionar nuestro modelo económico, las antiguas prohibiciones que hasta entonces le daban de comer al funcionariado, se desmoronaron de un día para otro como castillo de naipes. Sin embargo, según todo parece indicar, al menos en Varadero, a partir de aquel momento, encontrar una solución para que la burocracia de base continuara viviendo se convirtió en una tarea priorizada de las instituciones que la prohíjan.
Si las grandes prohibiciones sobre el sector privado desaparecieron y, con ello, el funcionariado perdió su fundamental
entrada económica, ahora la burocracia local parece haberse visto en la necesidad de inventar pequeñas prohibiciones, a veces muy puntuales, siempre susceptibles de ser violadas con facilidad, ya sea por descuido o por resultar absurdas,
contraproducentes y carentes de toda lógica, y no pocas veces hasta difíciles de cumplir. Lo importante parece ser que tales regulaciones permitan a los inspectores obtener pingües ganancias que les posibiliten continuar viviendo a costas del pueblo, a cambio de hacer la vista gorda ante la violación de dichas normas, como lo hicieron siempre.
Un factor que favoreció la ulterior ofensiva de la burocracia en Varadero contra los cuentapropistas fue que, increíblemente y de manera negligente, a quienes tenían esa responsabilidad no se les ocurrió que antes de autorizar la apertura mercantil, era imprescindible dictar las correspondientes normas jurídicas que establecieran la manera en que se realizarían dichas actividades, dejándolo todo pendiente de lo que la práctica reclamara posteriormente. Así fue que, en la medida en que los cuentapropistas comenzaron a instalar sus puestos de venta de artesanía en los espacios arrendados en casas particulares de 1ra. Avenida, (portales, pasillos, garajes y otros espacios) tanto como arrendadores como arrendatarios tuvieron que preparar las condiciones mínimas indispensables para poder trabajar, sin que antes las instituciones municipales correspondientes dictaran las normas para ello. De tal manera, los cuentapropistas que se instalaron en espacios bajo techo tuvieron que poner mesas y repisas donde exhibir la mercancía, así como colocar estantes y escaparates en los cuales guardarla al terminar la jornada laboral. De igual manera, los que se ubicaron en espacios a la intemperie pertenecientes a particulares, se vieron obligados a colocar toldos para protegerse de las inclemencias del tiempo.
Muy pronto aparecieron los llamados inspectores integrales y los del IPF exigiendo el cumplimiento de ciertas regulaciones urbanísticas –que los cuentapropistas desconocían, porque las autoridades municipales no las divulgaron a
tiempo– e imponiendo las correspondientes multas, así como ordenando desmontar los toldos contra el sol y muchos de los puestos de venta instalados en una faja de terreno existente por el extremo derecho de la Calle 52 e/ 1ra. Avenida y Avenida Playa, sin importarles el dinero invertido por estos trabajadores en el montaje de tales instalaciones.
Es de señalar que a pesar de que los espacios de dicha franja de terreno pertenecen a los vecinos de esa cuadra y se
encuentran perfectamente definidos en los correspondientes títulos de propiedad de las viviendas, los mencionados funcionarios inicialmente se empecinaron en afirmar que eran públicos y, por tanto, había que eliminar los quioscos, decisión cuyo cumplimiento atravesó por una breve tregua, lograda gracias a los “regalitos” que varios de los afectados dejaron caer en los bolsillos de los inspectores en más de una ocasión, cosa que momentáneamente los contentó y dejaron tranquilos.
No obstante ese impasse, y a pesar de que los propietarios de las viviendas pudieron demostrar que los espacios les pertenecían legítimamente, poco tiempo después el IPF arremetió nuevamente contra los cuentapropistas de calle 52 y 1ra. Avenida, ordenando a rajatabla eliminar los quiscos allí instalados so pena de multas y decomisos. Para lograrlo alegaron que, según dictamen de la PNR, la posible aglomeración de clientes en el lugar podría entrañar un peligro potencial para la circulación vehicular; aunque en realidad, de haber querido, pudo haberse aplicado otra solución que
resolviera el problema y no afectar caprichosamente a ninguna de las partes.
Con tal disposición la Dirección Municipal de Planificación Física violó los legítimos derechos de arrendadores y arrendatarios de Calle 52 e/ 1ra. y Playa, pues según lo dispuesto actualmente en la legislación correspondiente, el propietario de una vivienda tiene la facultad de arrendar a cuentapropistas los espacios incluidos a su propiedad, cubiertos o no, para el ejercicio de actividades mercantiles.
Con independencia de los “éxitos” logrados en dicha ofensiva, la burocracia local no parece estar conforme, por lo que
elucubra y pone en vigor constantemente nuevas regulaciones prohibitivas que le permitan establecer un estrecho cerco y un constante gardeo a presión contra los cuentapropistas. Ejemplo de ello lo son las REGULACIONES PARA EL
EJERFCICIO DEL TRABAJO POR CUENTA PROPIA EN LA PENÍNSULA, puestas en vigor el 1º de octubre de 2011 por la Dirección de Trabajo y Seguridad Social de Cárdenas, las que prohíben las actividades ambulatorias en 1ra. Avenida y
Autopista, el uso de “tendederas improvisadas”, escaparates o “mobiliario improvisado” (sin que se aclare si es posible ubicar tendederas y mobiliario “no improvisados”) en áreas de jardín, entre las arbustivas, árboles y plantas ornamentales, que afecten la imagen urbana de las zonas exteriores en el perímetro de las viviendas e instalaciones estatales.
Ahora bien, si las tendederas y el mobiliario son improvisados o legítimos, es asunto que se decide según el criterio y el
libre arbitrio de los inspectores, porque la norma no aclara qué se puede entender en este caso concreto por el adjetivo “improvisado” ni cuáles son los no improvisados, lo que deja la decisión en el nada confiable arbitrio de los inspectores.
También dichas regulaciones prohíben utilizar los elementos que cumplen un fin arquitectónico en el inmueble (como son las escaleras, barandas, balcones, rejas, columnas y cercas perimetrales) a modo de sostén o base para exponer los productos a vender. Según la libre interpretación que los inspectores hacen de esta disposición, tampoco puede colocarse en la pared un cuadro u otro adorno destinado a la venta, aunque el mismo sea una obra de arte que contribuya a embellecer la fachada.
Por último, dichas regulaciones prohíben ejercer en la Península las actividades de fregado y engrase de carros y reparación de baterías, aunque el interesado cuente en su propiedad con espacio suficiente y cree las condiciones adecuadas para tales fines, con lo cual se limitan, una vez más, los derechos que la ley otorga al ciudadano en cuanto al uso y disfrute de su propiedad, en detrimento de sus intereses económicos y del propósito de crear fuentes de empleo, así como de satisfacer necesidades que el sector estatal aún no está en condiciones de asumir.
Por otra parte, la Dirección Municipal de Planificación Física ha establecido para los arrendadores de espacios destinados a ejercer actividades comerciales, la obligatoriedad de solicitar a dicha entidad una AUTORIZACIÓN (que le cuesta al usuario $100,00 (MN) y está obligado a solicitarla). La misma dice estar a tenor con lo dispuesto por el Decreto- Ley No. 21 del Consejo de Estado de fecha 28 de febrero de 1978, referido a “las macro y micro localizaciones para inversiones, y las licencias de construcción”, en la cual se le establecen al arrendador una serie de requisitos, de obligatorio cumplimiento, a aplicar dentro de su propia casa; a pesar de que la instalación de puestos de venta de artesanía en portales, garajes, pasillos y jardines no parece tener nada que ver con las inversiones ni las licencias de construcción a las que pueda referirse el añejo Decreto-Ley 21’78.
Todas estas regulaciones –aparecidas a destiempo y aplicadas a rajatabla en medio de un clima de persecución, a veces poniendo en peligro normas jurídicas de rango superior y hasta violando derechos de muchas personas– aparentemente tienen como “noble fin” proteger el ordenamiento urbano y el medio ambiente, objetivos con los cuales estoy totalmente de acuerdo; pero en realidad están dando lugar a que se utilicen para obstaculizar la realización práctica, la ampliación y desarrollo del trabajo por cuenta propia, como factor determinante de la economía durante el Período de Tránsito del Capitalismo al Socialismo, y como solución inaplazable a los serios problemas económicos y laborales que afronta el país; amén de que constituyen una vía ideal para incrementar la corrupción administrativa en un sector bastante afectado por ese flagelo desde hace décadas; como también provocan malestar e inconformidad en la población, que creyó ver en la apertura mercantil una vía legal para amortiguar la compleja situación económica por la que atraviesa en país y sufre la gente de abajo.
A contrapelo con la puntillosa exigencia de todas estas regulaciones por parte de los inspectores integrales y los del IPF, salta a la vista el hecho de que, en el casco histórico de la misma ciudad de Varadero, desde hace años bajo una férrea prohibición constructiva, hayan aparecido verdaderas mansiones, y que en la periferia de la misma exista un cordón marginal de viviendas, construidas ilegalmente en los últimos quince o veinte años, a la vista de todo el que no fuera ciego que, inexplicablemente, dichos “exigentes funcionarios” parece que “jamás detectaron” ni le aplicaron la legislación correspondiente, que sí estaba en vigor desde muchos años atrás. Incluso, surgieron nuevos barrios, como es el caso del lugar que antes fuera conocido como “El Hueco de la Conchita”, una depresión en el terreno periférico a Santa Marta, en el sitio donde muchos años antes existió una vieja cantera, que siempre estuvo definido por las regulaciones urbanísticas.
locales como insalubre por peligro de inundación. Inclusive, es un secreto a voces en toda la ciudad que el “exigente”
IPF, en los últimos meses ha “autorizado” allí nuevas construcciones de viviendas a determinados “casos especiales”.
¡Qué cosa tan rara! ¿No les parece? También llama la atención que la casi totalidad de esas viviendas construidas ilegalmente han sido debidamente legalizadas sin contratiempo alguno.
Además de lo dicho, con sospechosa frecuencia se ponen en práctica otras disposiciones arbitrarias por parte de la burocracia intermedia y local, que entorpecen –y no pocas veces hasta amenazan con hacer colapsar– el buen desarrollo del trabajo de los cuentapropistas, las que en muchas ocasiones violan derechos y atribuciones otorgados a estos por la actual legislación; así como desconocen decisiones tomadas por las instancias de base del Poder Popular para el mejor desempeño de las actividades mercantiles de este sector y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, acorde a los intereses nacionales que tienen como fin llevar adelante, desde el nivel del barrio, los cambios que la sociedad cubana requiere con urgencia.
Entre estas medidas arbitrarias, y en ocasiones hasta de evidente abuso de poder, se encuentra, en primer lugar, la decisión tomada por el CAM de Cárdenas de modificar el monto de los impuestos a pagar por los espacios arrendados,
que ahora comienza a aplicarse a partir de la cantidad de arrendatarios que existan en un mismo lugar. Al efecto, la
Resolución 298 del 2011 dictada por el Ministerio de Finanzas y Precios, en su artículo 32, introduce la Descripción del
Objeto de Arrendamiento, en cuyo Inciso C, referido a Espacios, define el concepto Otros Espacios, para los que dispone un tipo impositivo mínimo de 100 CUP mensuales, sin considerar cuántos arrendatarios puedan trabajar en el mismo. Sin embargo, según lo dispuesto recientemente por el CAM de Cárdenas, en lo adelante habrá que pagar 200 CUP por cada arrendatario que venda en un mismo espacio.
En este asunto parece haber una violación en cuanto a asumir atribuciones indebidas por parte del CAM de Cárdenas, ya que quien tiene la facultad para cambiar la base imponible del impuesto es la entidad que emitió la Resolución. En este caso, el Ministerio de Finanzas y Precios, no el Consejo de la Administración Municipal de Cárdenas.
Según parece, dicha decisión se fundamentó, equívocamente, por una incorrecta interpretación de lo establecido en el artículo 33 del propio Decreto-Ley, el cual dispone: “Los Consejos de Administración Municipales del Poder Popular
pueden revisar e incrementar, a propuesta de la Oficina Nacional de Administración Tributaria, los tipos impositivos mínimos establecidos en el artículo anterior”. Es decir, que el CAM de Cárdenas está facultado para aumentar o disminuir el Tipo Impositivo Mínimo a pagar por Otros Espacios; pero no puede cambiar la Base Imponible que la norma jurídica establece, no en cantidad de arrendatarios por espacio, lo cual es facultad de la instancia superior que dictó la norma.
Por otra parte, también está la medida arbitraria –aun sin explicar ni definir su solución– por mi denunciada en escrito del 10 del actual, titulado “LA FERIA DE LA CALLE 52 ES DEL PUEBLO DE VARADERO, en el cual se hiciera pública una
decisión unipersonal y antidemocrática tomada por la Presidenta del Consejo de Administración Provincial de Matanzas,
quien “recomendó” otorgarle a los artesanos de la ACAA (y a otros que no son tales) que venden en la playa, el terreno ubicado en Calle 52 e/ 1ra. Avenida y Avenida Playa, perteneciente a la Circunscripción 105 de Varadero, que ya había sido otorgado, por acuerdo del Consejo de Administración de Cárdenas, a los cuentapropistas de dicha comunidad. La injusta e impopular decisión fue anunciada por la Presidenta Provincial en una reunión el pasado 7 de febrero, sin tomarse siquiera el trabajo de consultar la opinión del Presidente del Consejo Popular de Varadero y del Delegado de la Circunscripción –que no estaban presentes en dicha reunión, aunque sí estaba una nutrida representación de los artesanos de la ACAA– y sin tomar en consideración que los vendedores playeros de dicha institución –que realmente estén autorizados para ello, pues los ambulatorios no lo están– podrían muy bien distribuirse entre el resto de las ferias que, para ese mismo fin, está previsto abrir en toda la ciudad, si es que con su presencia no pusieran en peligro la disponibilidad de empleos para los residentes de la ciudad que, por razones obvias, deben tener prioridad para trabajar en la comunidad donde residen.
Tampoco tuvo en cuente la Presidenta del CAP para su desafortunado anuncio, que en la controvertida feria de la calle 52 se preveía que trabajaran más de ochenta vecinos de la Circunscripción 105, a los cuales el Delegado, durante la pasada rendición de cuentas, ya les había informado que recibirían ese beneficio, cuya opinión ella no exploró para pasar por encima de ese pueblo, en el cual –según la Constitución de la República– reside la soberanía, y del que, según el mismo texto constitucional, emanan todos los poderes públicos, cuyos representantes están obligados a rendirle cuentas periódicas, y por el cual pueden llegar a ser revocados, según los principios constitucionalmente establecidos que rigen nuestra democracia directa y participativa, la cual, evidentemente, tenemos que perfeccionar lo antes posible, a fin de impedir situaciones como la que denunciamos u otras aún peores en el futuro.
A tenor con las malhadadas declaraciones de la Presidenta Provincial, en los últimos días circulan por la ciudad ciertos
comentarios sin confirmar, que inquietan a los vecinos de la Circunscripción 105, referidos a que ya el terreno de Calle 52 e/ 1ra. Avenida y Avenida Playa le fue prometido oficiosamente por “determinadas instancias gubernamentales” a los artesanos de la Feria del Fondo Cubano de Bienes Culturales ubicada en de 1ra. Avenida y Calle 51, justo al lado del
espacio en disputa, que siempre estos han ambicionado para ampliar su monopolio, y también poner a trabajar allí a sus “caballos”, que venden ilegalmente la mercancía de ellos en la playa, donde se han mantenido durante años, para contribuir al enriquecimiento de sus patrones. A estos “caballos”, los “artistas-patronos” los abastecen con la mercancía que les deben vender en la playa; abastecimiento que realizan discretamente todos los días a horas tempranas de la mañana por la parte trasera de la feria de 1ra. y 51, que da a la Avenida Playa, para no llamar la atención de miradas indiscretas.
Con respecto a los comentarios referidos a la presunta entrega del terreno aledaño a dicha feria del FCBC ubicada en
1ra. Avenida y Calle 51 a esos “artesanos de la ACAA” que trabajan en la playa, resulta en extremo sospechoso el hecho, observado por muchos vecinos de Calle 52 e/ 1ra. Ave. y Playa en los últimos días, al ver varias veces a dichos.
“artistas”, desplegados en el terreno en litigio, efectuando mediciones y marcajes en el suelo, así como efectuando anotaciones en una libreta, como si decidieran los espacios a asignar a cada uno, cual si ellos fueran los legítimos
dueños del lugar, como lo afirman descaradamente.
Por otra parte, se comenta desde hace días que la burocracia local prepara otra ofensiva contra los cuentapropistas de Varadero, para lo cual pone a punto una nueva regulación –también violatoria de lo regulado por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Vivienda sobre el trabajo por cuenta propia– que prohibiría la realización de actividades mercantiles en portales y garajes de las viviendas ubicadas en 1ra. Avenida, destinándose exclusivamente para este fin las ferias que serán habilitadas al efecto en diferentes puntos de la ciudad, incluyendo el controvertido terreno de 52 e/ 1ra. y Playa.
De ser ciertos ambos comentarios –lo cual no pongo en duda– lo que al parecer se pretende es eliminar a los cuentapropistas residentes en esta parte de la Península, pues si se les privara del derecho a vender en los portales de sus propias casas, y les escamoteara el derecho que legítimamente les pertenece sobre el terreno de 52 e/ 1ra. y Playa, entregándolo a los nuevos ricos de la ACAA, los trabajadores por cuenta propia de la Circunscripción 105 perecerían como tales sin remedio. Muchos de ellos, ya mayores y dependientes de la magra jubilación, tal vez tuvieran que integrarse a la legión de mendigos que afluyen a la ciudad desde todos los puntos del país, para poder sobrevivir pidiendo limosnas a la puerta de los supermercados, lo cual sí provocaría, a la vista de los turistas extranjeros, una pésima imagen de la ciudad que en nada nos beneficiaría (¿?).

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