Denuncia: ¿Ocupantes ilegales o guerra entre instituciones?

Vía correo electrónico recibí esta preocupación de dos ciudadanos cubanos cuyos derechos, al parecer, están siendo injustamente  lacerados. Espero que la oportuna denuncia llame la atención de las autoridades pertinentes  y se haye una oportuna solución a este delicado caso.

De no existir respuesta, próximamente estaré publicando más detalles al respecto.

Carlos Alberto Perez

“La Chiringa de Cuba”

RESUMEN DEL CASO VLADIMIR RAFULS SERRANO Y DIANELIS FELIPE

Somos una pareja de poco más de 20 años de matrimonio, fruto de padres obreros y campesinos vinculados a la Revolución que, hasta hace poco, disfrutamos de la felicidad de convivir, en armonía, con nuestros dos hijos y una nieta (de poco más de un año), pero estamos a punto de perderlo TODO, comenzando por la vivienda que construimos con nuestros propios esfuerzos.

Todo comenzó el pasado 11 de noviembre (2015) cuando varios funcionarios, a nombre de la Fiscalía Provincial, se presentaron en nuestro domicilio (Sito en: Camino del Petróleo S/N Peñas Altas. Habana del Este), con un documento oficial (acreditado por la Fiscalía General de la República) llamado ACTA DE OCUPACION, mediante el que se nos exigía entregarles los documentos que acreditaban la posesión legal de nuestra casa. Era el primer indicio de que nuestro futuro inmediato no iba por buen camino. Después supimos que dos días antes; el 9 de noviembre, la Fiscal Provincial Maydys Montiel Soto reclamaba a la Dirección Provincial de la Vivienda (DPV): “Que se declare la nulidad de la Resolución No.565/ 2000, dictada por la Dirección Municipal de la Vivienda (DMV) de la Habana del Este” que nos reconocía el Derecho Perpetuo de Superficie (DPS) sobre el terreno en el que habíamos comenzado a construir nuestra casa.

Para la Fiscal Provincial la Resolución de la Lic. María de los Ángeles Delgado; entonces Directora Municipal de la Vivienda, debía ser revocada porque “a través de ella se reconocieron indebidamente, y con infracción de las disposiciones legales…, derechos que no correspondía a un ciudadano, lo que viola la legalidad por estar sostenidos en actos no permitidos por la Ley General de la Vivienda y su normativa complementaria”.

Fue, precisamente, el punto de partida que asumió la DPV el pasado 11 de Diciembre (2015), en Resolución 1252, promovida por su propio Director (Lic. Euclides Santos Armesto) donde, haciendo caso omiso a los argumentos vertidos por nuestra abogada el 23 de noviembre (en documento titulado: “Contestación y Oposición…”), resolvió: “Anular y dejar sin efecto la Resolución No.565/2000 (17 de abril)” que nos otorgaba el Derecho Perpetuo de Superficie (DPS) y promover “la impugnación de la Escritura Notarial No.1435” sobre la Descripción de la obra que hemos estado construyendo hasta hoy. Y es, justamente, a partir de estas impugnaciones, que deseamos exponer los siguientes fundamentos básicos que acreditan nuestra legitimidad como propietarios legales del inmueble que habitamos desde hace casi 15 años:

Primero: Que NO SE NOS PUEDE ANULAR EL DERECHO PERPETUO DE SUPERFICIE y, consiguientemente, declararnos “ocupantes ilegales” (DPS) porque:

1-En correspondencia con el Reglamento para la Construcción de Viviendas Por Esfuerzo Propio (Resolución No. 500/2000 del Presidente del Instituto Nacional de la Vivienda) y, particularmente, con el artículo 11 de la Resolución No.330/ 2001 que le sucedió, fue la propia Dirección Municipal de la Vivienda de la Habana del Este, la que nos otorgó (mediante Resolución No.565/ 2000 de la Directora Municipal de la Vivienda) el solar yermo de propiedad estatal que fue aprobado para construir nuestra vivienda, por esfuerzo propio, con Derecho Perpetuo de Superficie (DPS).

2-Conforme a la disposición transitoria NOVENA, inciso c, de la Ley Gral de la Vivienda, en tanto estamos ocupando permanentemente una vivienda que hemos construido nosotros mismos, en solar yermo que nos fue cedido por el Estado, entonces somos “ocupantes legítimos”.

3-De acuerdo al Resuelvo PRIMERO de la Resolución No.2/1991 del Presidente del Instituto Nacional de la Vivienda, la Resolución No.565/ 2000 de la Directora Municipal de la Vivienda que nos otorgó el DPS, es la constatación de que fue el propio Estado el que nos entregó, como particulares, el derecho a construir una vivienda, en terreno de propiedad estatal, para convertirnos en sus propietarios.

4-En correspondencia con el Inciso e) del Resuelvo CUARTO, del propio documento, en relación a los particulares a los que se les haya asignado un solar yermo “de propiedad estatal para la construcción de vivienda”, tuvimos la obligación de hacer el pago del DPS.

5-Conforme con el Resuelvo DECIMOTERCERO, los pagos por concepto del terreno los efectuamos en la agencia de población del Banco Popular de Ahorro donde se encontraba situado el terreno que nos fue asignado, de lo que tenemos constancia.

6-En consecuencia con los Resuelvos PRIMERO y CUARTO y, en particular, con el Sexto, tenemos el derecho de edificar nuestra vivienda en el terreno entregado y a recibir la propiedad de lo que hemos construido.

Segundo: Que NO SE NOS PUEDE IMPUGNAR LA ESCRITURA NOTARIAL No.1435/2001 QUE HACE LA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA QUE ESTAMOS CONSTRUYENDO porque:

1-En correspondencia con el Resuelvo TERCERO de la propia Resolución No.2, los derechos que hemos asumido (a partir de la Resolución No. 565) como superficiarios “sobre el terreno entregado, son inseparables del dominio, uso y disfrute de la vivienda” que hemos construido.

2-De acuerdo al Resuelvo SEXTO, hemos cumplido con nuestras obligaciones de “pagar al Estado el precio del Derecho Perpetuo de Superficie (a) y con el compromiso contraído entonces de hacer avanzar “la construcción dentro del año siguiente a la entrega del terreno”.

3-La referida Escritura Notarial, que certifica no tener ninguna deuda “… por concepto de materiales, mano de obra, ni proyectos técnicos, a nombre de la comunidad matrimonial de bienes” que tenemos constituida, también revela la prueba de que, nosotros, tenemos construida, “sobre el terreno antes descrito, una vivienda”, constatación que es fundamental.

4-La referida Escritura Notarial, en correspondencia con las exigencias del Resuelvo DECIMOSEGUNDO de la Resolución No.2, es la certificación que hizo “constar el importe del precio del Derecho Perpetuo de Superficie” que debimos abonar, “de una vez, dentro del término de 60 días contados a partir de la fecha de la mencionada certificación”.

Tercero: Que, más allá de las prerrogativas de la Fiscalía, derivadas de la Constitución, como órgano del Estado al que corresponde “el control y la preservación de la legalidad”, e independientemente de la capacidad jurídica que pueda tener el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros y su Presidente para definir las entidades o dependencias que puedan decidir “en lo que respecta a las viviendas ubicadas en determinadas zonas del país”, incluyendo las que tienen alta significación para el turismo, tampoco se puede obviar que ninguna de esas decisiones pueden ir por encima de lo dispuesto en el artículo 666, de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico. En este documento, particularmente en su apartado 2, más allá de legitimar a la Administración (en nuestro caso la Dirección Municipal de la Vivienda) como la única autorizada para actuar “contra su propia resolución firme”, establece que las declaraciones “del órgano supremo de jerarquía administrativa o el Comité Ejecutivo del órgano provincial, o municipal que denuncie las consecuencias lesivas de la resolución emitida por la Dirección Municipal de la Vivienda, “DEBERÁ HACERSE DENTRO DEL PLAZO DE TRES MESES A CONTAR DE LA FECHA EN QUE HUBIESE SIDO DICTADA…”, lo que, en nuestro caso específico, destaca que el papel de la Fiscalía Provincial y de la Dirección Provincial de la Vivienda, como denunciantes de nuestras “múltiples violaciones”, expiró hace más de 10 años.

Todo esto significa que si nosotros, como familia, no hemos hecho más que cumplir la Ley, siguiendo todos los trámites básicos pertinentes que nos exigía la Dirección Municipal de la Vivienda en aquel momento para construir una casa por esfuerzo propio, entonces todo lo ocurrido, por encima de las infracciones en que pudimos haber incurrido (ninguna de las cuales es lo suficientemente grave como para poder explicarle a nuestros hijos por qué nos han declarado “ocupantes ilegales”), no reflejan otra cosa que una “guerra entre instituciones”, cuya mayor víctima, obviamente, somos nosotros. En un país socialista como el nuestro, no se puede, en aras de la legalidad, mantener en el limbo jurídico a cualquier propietario de casa hasta que alguna autoridad administrativa o jurídica superior, decida impugnar, cuando estime pertinente, la legitimidad de un documento que acredite el otorgamiento oficial de una vivienda.

Finalmente quisiéramos destacar, con toda seguridad, que de no haber estado hacinados a fines de los años 90, en nuestra vivienda anterior (un pequeño apartamento de dos cuartos donde convivíamos 7 personas, una niña entre estos), no habríamos decidido asumir una empresa de tal envergadura (la construcción de una vivienda nueva) que, lamentablemente, por carencia de recursos financieros; algo que a otros les sobra (incluso para el soborno), todavía no hemos podido terminar.

Con la esperanza de su comprensión y ayuda

Vladimir Rafuls Serrano

Dianelis Felipe Navarrete

 

OTRAS CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO Y DE CONTENIDO QUE PUEDEN INVALIDAR LA DECISIÓN DE LA FISCALÍA PROVINCIAL DE EXIGIR A LA DPV LA ANULACIÓN DEL DPS, DECRETADO POR LA DMV, A FAVOR DE VLADIMIR RAFULS Y DIANELIS FELIPE:

1-Aunque en el FUNDAMENTO DE HECHO SEGUNDO, la Fiscal provincial emplea el inciso g del art 111 de la Ley General de la Vivienda para cuestionar a la DMV por no haber declarado a Vladimir y a Dianelis ocupantes ilegales, lo cierto es que ese inciso refiere a la ocupación ilegal de una vivienda ya existente, no de una que se ha construido por esfuerzo propio, en terreno otorgado por el propio Estado.

2-No obstante que en el FUNDAMENTO DE HECHO TERCERO, la Fiscal Provincial declara que la Resolución No.565/ 2000 de la DMV “constituye una violación del procedimiento establecido para el otorgamiento de terreno y el derecho perpetuo de superficie en zonas especiales de alta significación para el turismo”, lo cierto es que ninguno de los dos documentos legislativos con que justifica ese enjuiciamiento impide, explícita o implícitamente, la posibilidad de OTORGAR EL TERRENO, Y EL DPS EN ZONAS ESPECIALES DE ALTA SIGNIFICACIÓN PARA EL TURISMO a particulares. Esto queda probado con dos argumentos básicos:

Primero: porque lo que describe, básicamente, el Acuerdo 3499 del 23 de junio de 1999 del CECM, argüido por la Fiscalía, es:

-El espacio geográfico (las áreas concretas) de alta significación para el turismo dentro del Municipio Habana del Este.

-La necesidad de que el Ministerio del Turismo, el INV y el presidente del CAM de Habana del Este (previa aprobación del Presidente de la APPP de la, entonces, Ciudad de la Habana) dicten, conjunta o individualmente, en dependencia de sus competencias, las disposiciones que resulten necesarias para la aplicación del régimen especial que se establece por este acuerdo.

Segundo: porque lo que enuncia el Art. 109 de la Ley General de la Vivienda, argüido por la Fiscalía, en su inciso j) es apenas que “las acciones de construcción, rehabilitación, división y ampliación de viviendas por esfuerzo propio de la población se ejecutarán conforme al procedimiento que establezca el Instituto Nacional de la Vivienda”.

Tercero: porque aunque en el inciso a) del art 7 de la Resolución Conjunta No.1 del MINTUR-INV de fecha 26 de junio de 2012, se regula que, en las zonas especiales de alta significación para el turismo, el delegado del Ministerio de Turismo (en la zona), debe preocuparse por “que no surjan en el área de la zona nuevas viviendas”, lo cuestionable de su empleo, en nuestro caso, es que esta exigencia aparece 12 años después de que la Dirección Municipal de la Vivienda de Habana del Este emitiera su Resolución No.565/ 2000 (que otorgaba el DPS a favor de nuestra comunidad matrimonial).

3-No obstante que en el FUNDAMENTO DE DERECHO PRIMERO, la Fiscal Provincial justifica su decisión de apelar a la DPV, por la competencia con que se faculta a esta última (con la Disposición Decimosegunda que introduce a la Ley Gral de la Vivienda el Decreto-Ley 233/2003) para solicitar, a las correspondientes direcciones municipales, los expedientes de particulares (con el objetivo de sustanciarlos y resolver), llegando, incluso a dictar resoluciones sobre esos casos si así lo requiriera, tampoco es falso que ese Decreto-Ley no otorga facultades para derogar resoluciones dictadas por la DMV, lo que, de ser contrario, violaría el apartado 2 del art. 666 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico.

4-Aun cuando en el FUNDAMENTO DE DERECHO CUARTO, la Fiscal Provincial intenta justificar su declaración de nulidad (de la Resolución 565 /2000 de la Directora Municipal de la Vivienda de Habana del Este) con el empleo de los incisos a y ch del art 67 del Código Civil vigente, que declara nulos los actos jurídicos realizados “en contra de los intereses de la sociedad o el Estado” (inciso a) y “en contra de una prohibición legal” (inciso b), tampoco es falso que, primero, el DPS que recibimos en el año 2000 nos fue otorgado por el propio Estado y que, cuando nos asignaron ese derecho (acreditado, además, por la Escritura Notarial No.1435), entregar terrenos en zonas especiales de alta significación para el turismo, no era una prohibición legal.

5- Aunque en el FUNDAMENTO DE DERECHO QUINTO, la Fiscal Provincial enuncia el Acuerdo (S/N) del MININT y el Cté Ejecutivo del Poder Popular de Ciudad de la Habana de 25 de mayo de 1982, como prueba de las disposiciones que fueron violadas por las supuestas irregularidades relacionadas con la legalización del inmueble que construimos, lo real es que el referido acuerdo se realizó para disponer la creación de la Oficina de Zona Especial sobre los inmuebles ubicados en el área de Guanabo, así como la definición de sus funciones, pero, en modo alguno, para obligar a la Dirección Municipal de la Vivienda a tener la anuencia de esa oficina, antes de dictar cualquier resolución de otorgamiento de DPS que solo correspondía a esta institución.

6-No obstante que en el mismo FUNDAMENTO DE DERECHO (QUINTO), la Fiscal Provincial arguye el art. 110 de la ley General de la Vivienda (con la modificación emitida por el Decreto-Ley No.288 del 2011), como referente para demostrar que la Oficina de Zona Especial de Guanabo fue la instancia creada por el CECM, o su Presidente, para delegar sus funciones en lo concerniente al cumplimiento de todas o algunas de las funciones de las direcciones de la Vivienda, o para brindarle alguna aprobación complementaria, tampoco es falso que la creación de esa oficina en 1982 iba mucho más allá de los asuntos vinculados a la vivienda y que, en relación a esta, solo trataba temas vinculados a “las permutas, donaciones y compraventas”. En ese entonces las construcciones de viviendas por esfuerzo propio, en zonas especiales de alta significación para el turismo, no tenían el control que alcanzó a partir de los primeros años del siglo XXI y, sobre todo, con la Resolución Conjunta No.1 del MINTUR-INV, de fecha 26 de junio de 2012, que exhorta a controlar “que no surjan en el área de la zona nuevas viviendas”.

2 Comentarios Agrega el tuyo

  1. El perico de Peñas Altas dice:

    Eso es cierto, a mi tambienme pasa y me sumo a este reclamo. debemos hacer algo todos juntos antes de que pase a mayores.

  2. Gonzalo dice:

    Los Castro echando a la gente de sus viviendas, que gran comunismo

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